Investigan a diputados del macrismo acusados de quedarse con parte del sueldo de asesores
También solicitó que se informe todos los datos personales de los miembros de ese cuerpo legislativo, en particular el número de sus teléfonos móviles personales y, si tuvieran, de los funcionarios. Asimismo, pidió a la empresas de telefonía celular los números de teléfonos de los asesores de los diputados a los se les habría solicitado parte de sus sueldos.
La intención del fiscal es hacer un cruce de los mismos para analizar llamadas y mensajes. Otra de las medidas es el requerimiento al Registro de las Personas (RENAPER) para que remita copia de los legajos correspondientes a Daniel Vico y a María Andrea Cappa, quienes denunciaron haber sido víctimas de las maniobras.
La denuncia fue presentada en los tribunales de Comodoro Py por el abogado Alejandro Sanchez Kalbermatten y recayó en el juzgado a cargo de la jueza María Servini, quien delegó en el fiscal la investigación.
Según la denuncia, el diputado Asseff habría hecho uso de su posición dentro de los estamentos del Estado Nacional, para propiciarse un lucro indebido, producto de dádivas exigidas a cambio de “puestos” para su grupo de asesores en la estructura de la Cámara de Diputados de la Nación.
En este sentido, según notas periodísticas, Daniel Vico, quien ostentaba el cargo de “Jefe de Despacho” de Asseff, habría renunciado a su cargo denunciando “presión” para que los empleados parlamentarios le den parte del salario al diputado.
Vico habría renunciado a su cargo por negarse a pagarle al Diputado –en negro- el 20% de sus haberes como asesor, a cambio de preservar su trabajo. Pero a su vez Asseff también denunció a Vico por extorsión y explicó que bajo maniobras de chantaje fue obligado a nombrarlo en la Cámara de Diputados.
En la denuncia contra Asseff se reproducen los mensajes de “Whatsapp” entre Vico y Asseff, donde este último lo intima a realizar los pagos y, descaradamente, le pide que le informe cuánto cobró de aguinaldo el empleado.
En la denuncia contra Estela Regidor, distintos medios periodísticos han informado que en una serie de audios se escucha como la diputada les explica a sus asesores que solo cobrarán la mitad del salario, mientras que el resto le será entregado directamente bajo amenaza de rescindir contrato a quien no esté de acuerdo. “Van a cobrar 40.000 pesos cada uno, el resto es reintegro”, sostuvo.
En los audios difundidos, atribuidos a Estela Regidor, se escucha: “Yo sé vos me dirás que tu familia y demás, pero yo también tengo familia y he dejado de ganar y de ahorrar. Yo sé que otros diputados también se lo quedan, no hacen las donaciones que yo hago, ni contratan en negro como yo contrato. Tengo gente a la que le doy una ayuda económica en negro”.
“Vos tenés que tener un sobre de cada uno, tenés que hacer el recuento y yo te voy a decir cada mes a quién se lo tenés que llevar y entregar. Vos te encargás de ellos y yo me encargo de lo mío. Lo mío es mío. Tu recibo en mano dice 80, en un sobre pones 40 y 40 te lo quedas”, manifestó la diputada en la conversación con sus asesores.
Sobre Ingrid Jetter, la presentación consigna que María Andrea Cappa, quien habría sido empleada de Jetter, la denunció en público por obligarla a entregarle a personas que ella le iba indicando parte de su salario todos los meses. Cappa que pasó a ser ex asesora de Jetter expuso los chats de WhatsApp en los que la diputada la amenaza con que “el que no lo hace, se va”.
Cappa fue asesora de Jetter durante todo el año pasado e integró la planta transitoria de empleados de la Cámara baja, en el Congreso nacional. Pero su vínculo laboral con la diputada que fue electa en diciembre de 2019 existía desde el 2016. Durante 2020, las sumas mensuales que se acreditaron en la cuenta sueldo de Cappa oscilaron entre los 70 y 85 mil pesos, pero la diputada le dijo a su asesora que debía “dirigir” una parte de su salario a distintas personas que ella le ordenara. Así Cappa debía resignar unos 25 mil pesos por mes (de un sueldo entre 70 y 85 mil) que era obligada a “devolver” a distintas personas. Lo cierto es que al finalizar el 2020, Cappa fue desvinculada de la Cámara de Diputados.
El abogado denuncia “la existencia de una organización que se dedicaría a cometer este delito, pues para llevarlo adelante se verificaría la existencia de más de tres personas que han formado un gran grupo (posiblemente hasta inscriptos como partido político)”.
Además de asociación ilícita, habría un posible pago de dinero a cambio de otorgar “contratos”, cuyos orígenes en definitiva son públicos, salidos del erario estatal, lo que constituiría la comisión del delito de fraude contra la administración pública.
