La AFIP denunció a Susana Giménez por presunta evasión de impuestos: podría pagar hasta 300 millones de pesos

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció penalmente a la diva de los teléfonos por presunta evasión fiscal, acusándola de omitir una declaración jurada de 2019 para no pagar Bienes Personales.

El monto reclamado es de 50 millones de pesos, pero desde el organismo que comanda Carlos Castagneto entienden que la cifra podría trepar hasta los 300 millones si se incluyen multas e intereses.

La denuncia en concreto se presentó el pasado jueves en los tribunales del fuero en lo penal económico y recayó en el juzgado número 5, a cargo del Dr Diego Amarante. La acusación contra Susana es por haber “ocultado su realidad fiscal a través de la omisión de presentar la declaración jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales por el período fiscal 2019″.

Según comentaron a Clarín fuentes oficiales, la información que negó Susana es la base para el pago del tributo. La diva sí presentó otros requisitos tales como la declaración jurada de patrimonio, que permitieron al organismo determinar que la deuda era de 50 millones.

“Se negó sistemáticamente a presentar la DDJJ de Bienes Personales, aduciendo que la reforma sancionada por el Congreso a fines de ese año es ‘confiscatoria'”, explicaron.

Se trata de la Ley 27.541, de solidaridad social y reactivación productiva, que declaró la emergencia pública e instrumentó la administración de Alberto Fernández en sus primeros días de gobierno. Uno de los puntos era la suba de la tasa del impuesto para bienes en el exterior de 0,25 a 2,25. La diva sostiene que es “confiscatorio”.

Susana solicitó una cautelar en el marco de una acción declarativa de inconstitucionalidad (JNCAF 10 – Expte 2254/21) por el aumento de la alícuota de Bienes Personales de 2019. La medida fue rechazada por el juzgado primero y luego fue apelada.

También existió otra cautelar del equipo de Susana, donde pedían que no se la denuncie penalmente. Esa fue rechazada en julio de este año y luego apelada, aunque sin resolución.

“No existe medida judicial notificada a la fecha que nos impida que continuemos con el procedimiento”, sostienen desde AFIP. Desde el organismo dicen que realizaron una serie de intimaciones que no fueron respondidas antes de llegar a la denuncia penal.

Dado los antecedentes de Susana, desde el organismo entienden que es difícil que pague, por lo que piden que el juez le de curso a la denuncia, la imputen y la llamen a declarar.

Si no se presenta, podría ser convocada por la fuerza pública o incluso “librar alertas de Interpol”, agregan.

Un impuesto confiscatorio
Cerca de la diva de los teléfonos, entienden que no hubo ningún engaño y que simplemente se judicializó lo que ─consideran─ es un “impuesto confiscatorio”.

“Desde nuestro punto de vista no existe delito, no existe dolo. Pero además la Corte Suprema ya tiene dicho que cuando un impuesto es confiscatorio, afecta el derecho de propiedad. Y eso es lo que ocurrió en este caso”, explicó el contador y abogado de Susana Giménez, Cesar Litvin, en declaraciones a Infobae.

Según explicaron a dicho medio desde el entorno de la diva, el cambio en las alícuotas generó que el impuesto que debía pagar Susana representase el 126,22 por ciento de la renta generada en 2019, un monto que subía al 143,56 si se sumaba el impuesto a las ganancias y una tasa agravada por los bienes que tiene en el exterior.

Es decir, se le cobraba más de lo que producía. Su equipo contable estimaba en 22 millones de pesos la cifra que debía sacar de su bolsillo. No solo eso. También sostienen que en 8 años se lleva puesto el total del capital por el que tributa. Es por eso que ofrecieron una pericia contable para probar dicha situación.

“La Corte ya tiene dicho que cuando un impuesto absorbe una parte sustancial del renta y afecta el derecho de propiedad. En este caso absorbía toda la renta y ‘mordía’ una parte de capital con lo cual se daba perfectamente el test de confiscatoriedad. Esa cuestión está siendo litigada en el Tribunal Fiscal de la Nación”, agregó Litvin.

Según explicó, la demora en la presentación estuvo vinculada a la pandemia y que “era difícil recolectar la información”. “Fue una demora. Entender que eso fue engaño es un absurdo”, cerró el contador.

Hay varios casos más además del de Susana. “Este impuestazo generó que varios emprendedores y de alto poder adquisitivo se hayan ido a vivir a Uruguay, con un sistema impositivo más amigable”, agregó Litvin más tarde en otra entrevista con Radio con Vos.

“Hablé con ella (por Susana), confía en la justicia”, agregó el contador. De acuerdo al Régimen Penal Tributario, la pena que podría recibir Susana por la presunta evasión impositiva va de tres años y medio a nueve años de cárcel.