Uno por uno: los cuatro puntos de la Ley Ómnibus de Milei que parte de la oposición decidió no acompañar

El mega proyecto de Javier Milei dejó en una posición incómoda a una parte importante de la oposición, específicamente a los ex integrantes de Juntos por el Cambio que están de acuerdo con muchas de las reformas que apuntan a desregular la economía, pero tienen reparos con la forma que eligió el Gobierno de avanzar en el Congreso.

La estrategia de enviar un único proyecto, que elimina o modifica centenares de normas -uno de los más abarcativos de la historia-, representa un desafío para todos los bloques, que por estas horas se encuentran junto a sus asesores y equipos técnicos estudiando los detalles de un texto que parece inabarcable. Además, el Gobierno impone un período de tiempo casi inverosímil, hasta el 31 de enero, que implica un tratamiento exprés.

Luego de las primeras lecturas del proyecto, tanto en la bancada del radicalismo como en el flamante bloque Hacemos Coalición Federal (que nuclea a la Coalición Cívica, el cordobesismo y el peronismo federal, entre otros) comenzaron los debates informales y el intercambio de miradas.

Si bien recién la semana que viene los bloques se reunirán para unificar sus posturas, fuentes de esos espacios explicaron que ya existe cierto consenso informal sobre algunos puntos que calificaron como “invotables”.

En el radicalismo entienden que gran parte de su base electoral votó a favor de Milei en el balotaje y por lo tanto está de acuerdo, en términos generales, con la necesidad de un cambio. “Pero tampoco quiere cualquier cambio, no vamos a votar cualquier cosa”, explicaron desde la bancada que conduce Rodrigo de Loredo.

En ese marco, muchos radicales consideran que Milei no tiene mandato electoral para algunos de los puntos más destacados del mega proyecto de ley. El primero es el pedido al Congreso de facultades delegadas, es decir de la capacidad de legislar sobre algunos temas debido a la existencia de una emergencia.

Milei pidió que se declare la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social. Esto le daría poderes para legislar sobre una muy amplia variedad de temas durante todo su mandato. “Esto es inaceptable para la UCR, porque significa cerrar el Congreso, y además ya hemos votado en contra de la delegación de facultades en el pasado, por ejemplo con Alberto Fernández”, detallaron a este medio.

El segundo punto cuestionado es la eliminación de la fórmula de actualización de las jubilaciones. El radicalismo también votó en contra de la suspensión de la fórmula que hizo Alberto Fernández justamente porque considera que la movilidad jubilatoria es un derecho constitucional. “No tiene sustento decir que es para pagarle más a los jubilados cuando todo el tiempo están hablando de ajustar el gasto”, agregaron.

Finalmente, dado que el radicalismo tiene fuertes lazos con el sector agrario y con las economías regionales, considera inaceptables el aumento de las retenciones a las economías regionales y a los derivados de la soja.

A estos tres puntos centrales podrían luego sumarse otros puntos controvertidos como los cambios en el sistema electoral o las privatizaciones (hay acuerdo solo en algunos casos y rechazan su tratamiento en bloque). “Hay empresas públicas que hoy son deficitarias porque subsidian un servicio, por ejemplo los trenes o Enarsa. Pero si se arregla el tema tarifario dejarían de dar pérdida, por lo que no se puede decir que son ineficientes”, explicaron.

Por su parte, Hacemos Coalición Federal mostró fuertes coincidencias. El nuevo bloque que tiene terminales con gobernadores como Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, y el cordobés Martín Llaryora, también muestra fuertes reparos en cuanto a las retenciones, que tienen gran impacto en las economías de ambas provincias.

El espacio, que será conducido por Miguel Ángel Pichetto, tampoco ve con buenos ojos las privatizaciones. De hecho, el propio Pichetto ya expresó la necesidad de enviar leyes por separado para cada empresa.

“El sistema de privatizaciones, que no es solamente la conversión en sociedades anónimas de las empresas del Estado sino que hay allí una delegación fuertísima al Presidente para iniciar el proceso de privatización, me parece que es muy exagerado en términos de la discrecionalidad política que está planteada en el decreto”, dijo el ex candidato a vicepresidente. También recordó que Carlos Menem tuvo que mandar proyectos por separado para cada privatización.

“En algunos casos no estamos a favor, no puede ser tanta la discrecionalidad del Gobierno”, señalaron desde el bloque y no descartaron la posibilidad de presentar una ley propia que opere como “marco” reglamentario.

En cuanto a la movilidad jubilatoria, sintetizaron: “Que traiga una nueva fórmula y la discutimos”.

Desde el radicalismo especularon con que una forma en la que podría avanzar el trámite parlamentario sería a partir de un dictamen de comisión que no incluya todos los artículos que generen desacuerdo. Es decir alcanzar el común denominador que garantice alcanzar los 129 votos. El resto de las discusiones podrían quedar para más adelante.

No obstante, esta alternativa no cuadra con la estrategia de shock del Gobierno, que consciente de que puede perder legitimidad rápidamente, busca aprobar todo el proyecto en bloque, sin entablar negociaciones con la oposición que extiendan el trámite.

“Deberán elegir entre lo que votó la gente o poner palos en la rueda”, resumió el vocero presidencial Manuel Adorni. El éxito de esta táctica de “todo o nada” se conocerá en apenas cuatro semanas.