Reforma: el Gobierno planea la construcción de las primeras prisiones de gestión privada
La sobrepoblación carcelaria es un grave problema en la Argentina, no solo por las condiciones de alojamiento de las personas privadas de la libertad, sino, fundamentalmente, por su implicancia en el delito cotidiano: a menos plazas en las unidades penitenciarias, más excarcelaciones para mantener compensado el sistema. Se abre así la llamada “puerta giratoria” y llegan sus efectos a las calles por la reiterancia de hechos cometidos por aquellos que, pese a estar imputados en varios expedientes, seguían en libertad. Para empezar a dar respuesta frente a la “emergencia penitenciaria”, el Ministerio de Seguridad prepara con Economía los pliegos de licitación para la construcción de dos grandes cárceles. Y se tomó una decisión: serán prisiones de gestión privada.
Ese concepto es utilizado en varios países, siendo los Estados Unidos pionero en esa materia. En nuestra región el sistema mixto tiene experiencias en Chile, Brasil y Uruguay, con particularidades diferentes al modelo norteamericano, donde se postula la cesión absoluta de control a manos privadas. Aquí, funcionarios que participaron de las reuniones en las que se definieron las premisas de esta iniciativa aseguraron a que se observaron trabajos en otros países, pero que se plantea la creación de un modelo argentino de gestión privada de cárceles: la regla será que la vigilancia directa de los presos y la vigilancia del perímetro no estará en manos de contratistas, sino que seguirá a cargo del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Todo lo demás formará parte del paquete que la licitación derivará a la empresa que obtenga el contrato, cuya duración no fue aún determinada, pero que durará varios años. El sector privado se hará cargo de la construcción de las instalaciones, la reparación que estas demanden durante la vigencia del contrato, el alojamiento de reclusos, los servicios de atención médica, alimentación, higiene y limpieza, además del tratamiento de residuos y la administración de esas cárceles.
El proceso de resocialización también quedaría bajo supervisión privada, con la expectativa de que el pago de un canon que haría el Estado por cada preso alojado en esas prisiones dependería de la tasa de reiterancia de los internos una vez que recuperen la libertad.
Sin embargo, los informes sobre el comportamiento de presos que reciben los juzgados –notas que influyen en el otorgamiento de beneficios– continuará bajo la firma del Servicio Penitenciario Federal .
Este mes se realizó una reunión para definir la confección de los pliegos de la licitación en la que participaron representantes de la subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad de la Nación, funcionarios del SPF, del Programa Federal de Arquitectura Penitenciaria y de la secretaría de Concesiones del Ministerio de Economía. Si bien no trascendió el volumen económico que representarían los nuevos contratos, en ese encuentro quedó definido que el plan de prisiones de gestión privada abarcará en esta primera etapa la construcción de dos unidades.
Una contará con 1800 plazas y será edificada en terrenos federales en el interior del país, mientras que la otra estará ubicada en el predio penitenciario de Ezeiza y sus proyectadas 3200 camas la convertirán en la cárcel más grande la Argentina.
Hasta el momento, esa posición corresponde a los casi 2000 lugares en el complejo I de Ezeiza, que fue inaugurado en 1999 por la entonces subsecretaría de políticas penitenciarias, Patricia Bullrich, hoy ministra de Seguridad, que logró en esta gestión transferir a su órbita al Servicio Penitenciario Federal.
La ministra Bullrich volvió anteayer a ese predio ubicado en Ezeiza, donde encabezó el acto de asunción y toma de juramento del director y subdirector del SPF, Fernando Martínez y Diego Morel, respectivamente. Quienes conocen a la funcionaria nacional afirman que considera vital el aporte del SPF en el esquema de la seguridad pública y que en la práctica considera a los penitenciarios como la quinta fuerza federal, junto con la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal Argentina.
“Vamos a ganar la batalla que vinimos a dar, para que el sistema deje de ser una puerta giratoria en donde los delincuentes entren y salgan, y que puedan reinsertarse en la sociedad. No queremos que la cárcel sea la universidad del delito, si no que el tránsito por los penales sea para lograr personas de bien”, dijo la ministra, que estuvo acompañada por el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, según se informó en un comunicado.
Curi es el funcionario que sigue día a día con especial atención los sucesos alrededor de los 70 presos que fueron calificados como de alto perfil y que, en consecuencia, fueron introducidos en un programa especial de vigilancia, que limita al máximo sus comunicaciones extramuros. Aseguran que no pasan 48 horas sin requisas en esas celdas, que incluyen a detenidos en Ezeiza y Marcos Paz catalogados como un riesgo por sus posibilidades de intentar una fuga, su capacidad económica para potencialmente corromper a guardiacárceles o por el mando que sostienen de las bandas que operan en las calles. El inefable Guille Cantero, líder de la banda narcocriminal de Los Monos, es uno de los siete internos de Marcos Paz que está bajo ese régimen de estricto control.
Esos 70 presos se llevan la atención pública, fundamentalmente aquellos que están vinculados con la generación de violencia urbana en Rosario, pero representan una ínfima para de los más de once mil alojados en instalaciones del SPF. Y hay otros cuatro mil imputados que están en lista de espera para ingresar en alguno de los sobrepoblados complejos penitenciarios. En esas cifras se apuntala la posición oficial para avanzar en el sistema de gestión privada de prisiones.
Al borde del colapso
El 1° del actual, la ministra Bullrich firmó la ampliación por dos años de la “emergencia en materia penitenciaria”, que es extendida desde la declaración inicial de 2019. La crisis del sistema queda en evidencia también por el debate entre autoridades nacionales y porteñas por el cupo en cárceles federales. La falta de lugar mantiene atiborrados los calabozos de alcaidías y comisarías de la ciudad, donde se registraron 12 fugas este año.
A mediados de este mes estaban bajo custodia de la Policía de la Ciudad 1940 personas privadas de la libertad. En las alcaidías se albergaba a 1246, en lugares que solo cuentan con 798 cama habilitadas, mientras que en las seccionales policiales de la ciudad se notificaron al 16 de abril, según un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación, 459 internos, casi duplicándose en cupo máximo, fijado en 243 plazas. Otros 235 detenidos esperaban bajo custodia un lugar al menos en alcaidías o comisarías. En teoría, todos esos imputados deberían ser alojados en cárceles federales, como parte del largo proceso de transferencias de responsabilidades judiciales a la ciudad. Pero no hay lugar para todos. Y no son los únicos que esperan una vacante.
En la declaración de emergencia penitenciaria se dejó constancia de que además de los detenidos en dependencias porteñas, aguardan traslado personas alojadas en calabozos de fuerzas federales y en cárceles provinciales, con un total establecido este mes de 4265 personas.
El último dato oficial marca que el SPF tiene en custodia a 11.453 presos y que cuenta con 11.361 plazas. Afirman que el 60 por ciento llegó por causas originadas en la ciudad. En los próximos días será inaugurada la cárcel federal de Coronda, con unas 500 plazas, pero el traslado de presos porteños al interior depende de cada juez. Las autoridades nacionales esperan que la administración porteña avance en la construcción de una prisión en Marcos Paz, cuyas 2200 plazas darían un respiro a las comisarías y al penal de Villa Devoto, siempre el borde del colapso.
