Diputados: se aprobó la ampliación de la ley de urbanización de barrios populares
El proyecto es acompañado por movimientos sociales que consideran que la futura norma traerá beneficios para los sectores populares.
En la Cámara de Diputados, la norma fue aprobada por una amplia mayoría y giró al Senado. En una sesión especial, los votos afirmativos fueron de legisladores del Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el interbloque Federal, Provincias Unidas y la Izquierda.
Se registraron dos votos negativos de Francisco Sánchez, del Pro, y Carolina Píparo, de Avanza Libertad.
Las tres abstenciones correspondieron a los macristas Gustavo Hein, Marilú Quiroz y Carlos Zapata (Ahora Patria-JXC).
El proyecto
La iniciativa fue impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional. Propone ampliar el alcance de la ley sancionada en 2018 al permitir incorporar cerca de 1176 barrios populares dentro del concepto de “utilidad pública”.
El proyecto busca actualizar el Registro Nacional de Barrios Populares. Para lo cual, es fundamental otro elemento del texto que plantea prorrogar la suspensión de los desalojos por diez años.
A través del proyecto también se promueve fortalecer el acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los conglomerados incluidos en el ReNaBaP.
La iniciativa apunta a declarar la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares por el plazo de dos años.
Además, plantea incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de las viviendas construidas por el Estado.
Desde organizaciones como el Frente Patria Grande sostienen que junto con la ley es fundamental el financiamiento de las acciones.
En Twitter expresaron que “la decisión política de este gobierno de financiar la urbanización con el 9% del impuesto PAIS y el 15% del aporte de las grandes fortunas hizo posible a través del trabajo de la Sec. de Integración Socio Urbana un volumen inédito de obras en los rincones más humildes del país”.
Con horizonte señalan: “Esperamos que el consenso que se logró para crear y ampliar esta política se traslade a su financiamiento.”
