Empezó a regir la norma que habilita al Gobierno a quitarles los planes a los que hagan piquetes o cometan vandalismo

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, dictó una resolución y tres anexos a través de las cuales se dispone que serán dados de baja de forma automática los beneficiarios de los programas “Volver al Trabajo” y de “Acompañamiento Social” -antes Potenciar Trabajo– que realicen piquetes, interrupción de tránsito, actos de violencia, alteración del orden público y, entre otros puntos que hayan viajado al exterior por un tiempo suficiente que impida cumplir con la contraprestación.

Si bien las normativas están fechadas los días 3, 8 y 9 de abril, se dieron a conocer horas después de que los piqueteros desafiaran -ayer al mediodía- el protocolo antipiquetes al enfrentarse con la Policía de la Ciudad sobre la Avenida 9 de Julio, que terminó con un saldo de ocho efectivos y dos trabajadores de prensa heridos; realizaron destrozos valuados en 32 millones de pesos y esto derivó en la detención de 10 manifestantes.

“Lineamientos Generales y Operativos del Programa Volver al Trabajo y del Programa de Acompañamiento Social y Criterios de Transferencia y Distribución”

Se trata de los dos programas en los que Pettovello decidió dividir el Potenciar Trabajo y que en la actualidad asiste a más de 1.200.000 personas. En ambos resaltan dos artículos que son “motivos de egresos”.

El primero sostiene: “Quien impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, subterráneo, agua o aire o no permitiere a terceros movilizarse libremente por la vía pública, será egresado del programa en forma inmediata, procediéndose a suspender el pago del beneficio”.

El segundo destaca que también serán desafectados de cualquiera de los dos programas en caso de “incurrir en actos de violencia que importen la alteración del orden público, que hayan sido notificados de manera fehaciente por los organismos competentes”.

La decisión de Pettovello de tomar este imperio ya había sido adelantada por este medio, pero esta semana se tomó la decisión. De hecho, el 18 de diciembre pasado, la ministra de Capital Humano y la de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ya habían expresado esta voluntad en el marco de la marcha que la Unidad Piquetera anunció a Plaza de Mayo en contra de las políticas económicas del gobierno de Javier Milei.

“Los únicos que no cobrarán el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle”, había anunciado Pettovello a través de un discurso grabado de tres minutos. También había anticipado que les quitaría a los dirigentes sociales -algunos de los cuales habían formado parte del Gobierno de Alberto Fernández– la “intermediación de los planes” y que auditaría “a todas las organizaciones” encargadas de entregar los beneficios.

Según las normas ya en vigencia, si alguno de los 10 detenidos en el día de ayer es beneficiario de uno de los planes mencionados, entonces será dado de baja. Lo mismo ocurrirá con los que sean identificados a través de las filmaciones, previa denuncia a la justicia competente.

Estos no son los únicos motivos para sancionar a los ex beneficiarios del Potenciar Trabajo. En los anexos de la resolución 84 que crea los programas Volver al Trabajo y de Acompañamiento Social también figura que serán dados de baja de manera inmediata también los beneficiarios que: “Hayan viajado al exterior tiempo suficiente que impida cumplir con la contraprestación correspondiente o a destinos que no guarden relación con su situación de vulnerabilidad”. Y quienes: “Hayan realizado gastos y/o consumos dentro y fuera del país con tarjetas de crédito y/o débito y/o billeteras virtuales en los últimos seis meses, cuyo promedio mensual supere el monto equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil”.

La resolución 84, firmada por Pettovello el 9 de abril, establece el “cese de las actividades de la Unidades de Gestión y de las Unidades de Certificación del Programa Nacional de Inclusión Socio Productiva y Desarrollo Potenciar Trabajo”.

Las Unidades de Gestión, por lo general, eran cooperativas que dependían de los movimientos sociales, de municipios y gobernaciones -estas dos en menor cantidad. A través de las cuales los beneficiarios del Potenciar Trabajo debían realizar las 20 horas de labores semanales. También les daba el poder de control sobre las personas que tenían el plan, una “herramienta de extorsión” según el Gobierno. Desde Capital Humano se había anticipado que se tomaría esta resolución. Ya es oficial.