Causa Afip: más de 30.000 fojas con transcripciones telefónicas y no descartan nuevos imputados
La Justicia Federal profundiza la investigación por una presunta evasión cercana a los $ 800 millones y no se descartarían nuevos imputados civiles, dentro de un conjunto de sospechosos por la emisión de facturas apócrifas y una veintena de empresas fantasmas.
En ese cometido, partieron a Tucumán cuatro celulares y dos computadoras secuestrados, dos semanas atrás, desde las oficinas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).
El origen de la causa fue una denuncia interpuesta en diciembre del 2019 por la ex jefa interina de la Sección Penal Tributario de la Afip, Dirección Regional de Tucumán, María Lucía de las Mercedes Trabadelo. La misma alertó sobre una organización criminal que, a través de la emisión de comprobantes apócrifos, habría evadido casi $ 800 millones en concepto de saldo a ingresar de IVA e Impuesto a las Ganancias.
Según el proceso, las empresas fantasmas se encontraban inscriptas, habilitadas con Cuil, pero esa apariencia de formalidad legal adolecía de todo rigor, ya que no realizaban ejercicio alguno.
El fiscal Pedro Simón imputó a 14 usinas apoc (tal la denominación para las facturas apócrifas) y a 22 contribuyentes socios de las empresas, también al contador jefe de la organización y a su secretaria. Las figuras clave son “cohecho activo, pasivo y asociación ilícita”, se supo.
Pasos firmes
Los secuestros de la Afip ya están en Tucumán. Se sabe que superarían las 30.000 fojas con transcripciones de las escuchas telefónicas. Solo el casi 80% correspondería al celular del contador investigado: Gustavo Coronel Medina, quien requirió eximición de prisión y le fue fijada en $ 2.000.000.
Además de la causa Federal, Afip Tucumán motorizaría su propia investigación administrativa. Desvela a sus artífices establecer si los titulares de las empresas eran partícipes de las “operatorias”, o sus nombres solo estaban insertos en las facturas truchas, con su absoluto desconocimiento.
Otra investigación (aún sin curso) apuntaría a los beneficiarios de las facturas, pero estaría precedida por las conclusiones de la Afip en su actual cometido. En esa instancia decisiva, también deberán depurarse tres vías de evasión: existe la simple (penada con multa o inhabilitación), cuyo tope es $ 3.000.000; la administrativa, superior de esa cifra y hasta $ 15 millones y la tercera (“agravada”) si la maniobra excedió los $15 millones.
Fuente: El Liberal
