Chubut se presentó en la Justicia en reclamo de la coparticipación e insiste con cortar el suministro de gas y petróleo

El Gobierno de Chubut se presentó ante la Justicia Federal en reclamo de los más de 13 mil millones de pesos de deuda que tiene el Estado nacional por los fondos de la coparticipación y en medio de una fuerte disputa política.

La presentación lleva el número 1.168 y fue hecha ante el juzgado federal de Rawson 1 en lo civil y comercial y en los autos “provincia del Chubut c/ Estado Nacional s/ medida autosatisfactiva”.
El trámite de la presentación es por una solución urgente. Mientras tanto, desde Chubut anunciaron que también se presentarán ante la Corte Suprema de Justicia por tener la competencia originaria cuando se trata de una demanda de una Estado contra otro como es el caso.
Se trata, al igual que días atrás, de una medida autosatisfactiva. “Se trata de una deuda entre Estados, no un contrato entre privados y que Chubut tiene voluntad de cancelar, incluso del 100%, pero Nación no quiere recibir el pago”, explicaron el planteo judicial fuentes provinciales.

Sobre Chubut pesa el pago de una deuda con el Fondo que, según quedó previsto en la gestión del exgobernador Mariano Arcioni, debía hacerse en 10 cuotas y ajustado por inflación a partir de 2024. Cada pago representa el 30% el total de la masa salarial prevista para empleados estatales por lo que la retención de un primer pago por parte de la Nación, la semana pasada, provocó la inmediata reacción del gobernador Torres.

Según se precisó, “la provincia tiene que solventar cuestiones esenciales como la seguridad, la salud, la educación y pagar los salarios de estatales, que tienen carácter alimentario” algo que se vería comprometido si se quita el 30% de los ingresos por coparticipación federal.

La presentación judicial será ante Sastre, el mismo juez que la semana pasada falló a favor de Chubut por otra medida autosatisfactiva, ordenando a la Nación que restablezca el Fondo Compensador para afrontar el subsidio al transporte público de pasajeros. El magistrado ordenó que el Estado nacional “se abstenga de dictar y/o ejecutar cualquier acto que persiga la eliminación y/o reducción del Fondo Compensador del Interior con significación en el transporte urbano y suburbano de pasajeros en jurisdicción de la provincia del Chubut”.

En los considerandos del fallo, Sastre advirtió que “la decisión del Gobierno Nacional ha sido inconveniente e intempestiva, provocando desequilibrio de las cuentas provinciales; una crisis empresarial en el sector afectado, y el perjuicio a los usuarios del sistema de transporte público de pasajeros, que no podrían quedar a merced de una decisión de tamaña envergadura –como lo es la súbita quita de subsidios”.

Al dictaminar a favor del pedido de la provincia de Chubut, el juez también advirtió que “tomar decisiones intempestivas como la discutida en autos sin un fundamento racional concreto, más allá del enunciado simbólico de querer beneficiar directamente a los usuarios del sistema, atenta contra la situación económica de la accionante de autos -imposibilitada de sustentar el servicio público de transporte de pasajeros urbano y suburbano, siendo dependiente –desde hace años- de las varias veces millonarias partidas presupuestarias que periódicamente remitía la demandada a las arcas del estado provincial”.

La banca 28

En el marco de la escalada de tensión, Torres, convocó a la Legislatura Provincial a una sesión extraordinaria que se realizará este lunes, a las 18. Según se informó de manera oficial, el mandatario tiene previsto presentar un análisis de la situación económica actual, en el marco de lo que considera “la retención ilegal de más de un tercio de la coparticipación provincial que le corresponde a Chubut”.

Amparado por los artículos 131 y 155 de la Constitución del Chubut, el propio Torres convocó a la sesión extraordinaria en la que pedirá la banca 28, desde donde planteará el estado de situación actual del Chubut en materia política y económica, “dadas las graves consecuencias que están acarreando las restricciones a los ingresos y aportes que le corresponden a la provincia”, informó el Gobierno.