Comerciantes y empresarios irán a juicio por un millonario fraude al Pami

La Justicia Federal envió a juicio a una decena de empleados de farmacias, farmacéuticos, agentes externos y empresarios, sospechados de conformar una organización que habría obtenido millones en falsificación de recetas y troqueles para pacientes diabéticos, para obtener gratuitamente insulina y tiras reactivas.

La investigación nació en el 2016 por una denuncia realizada desde la UFI Pami de Procuraduría de la Nación. El juez federal Guillermo Molinari ordenó allanamientos en 16 farmacias en distintos puntos de la provincia y el listado fue remitido a la Unidad Fiscal Pami en Buenos Aires.

Según la investigación del fiscal Pedro Simón, el ilícito se enmarcaría en un negocio con pacientes diabéticos. El Pami tiene una cobertura del 100% del costo de medicamentos para estos pacientes. Por ende, los fármacos eran retirados gratuitamente por los imputados, quienes se enriquecieron vendiéndolos en el mercado negro y con la facturación a la obra social de los jubilados, superior a los $ 20.000.000.

Cuando el escándalo alcanzó ribetes insospechados, partieron oficios y procedimientos también hacia las provincias de Buenos Aires, Tucumán y Córdoba. Una de las maniobras delictivas habría sido incluir como beneficiarios a pacientes diabéticos ya fallecidos.

Pese al hermetismo en torno de la investigación, las fuentes confiaron que ambos grupos habrían pergeñado maniobras similares que consistían en adquirir costosos medicamentos para diabéticos empleando carnés de afiliados fallecidos o documentación apócrifa. La insulina y otras medicinas eran facturadas por farmacias locales a la obra social, pero los medicamentos eran comercializados luego en otras provincias en mercados paralelos, trascendió.

En uno de los coletazos de la defraudación, la Fiscalía requirió a la Justicia Federal de Tucumán, exhorto mediante, que remita los recetarios de una farmacia en donde se retiraron remedios para diabéticos con órdenes autorizadas por un médico santiagueño.

El vocal Abelardo Basbús y la fiscal Indiana Garzón trabajaron en el último envión al proceso, ahora remitido a la Cámara, a fin de analizar pruebas complementarias, previo a la conformación del tribunal y juicio que podría realizarse en el 2023. Un detalle sustancioso de la causa surge de las cifras. Y allí adquirió notoriedad un informe remitido por la firma Farmalink, la cual trabaja con la industria farmacéutica argentina en la administración y auditoría de convenios de prestaciones de medicamentos ambulatorios para agentes del seguro de salud (obras sociales, empresas de medicina prepaga, etc.) en todo el país.

Por ejemplo, reveló un detalle de la liquidación desde la segunda quincena de marzo a primera quincena de junio del 2016, con un total de facturación de $ 10,6 millones. Ello generaba un promedio de 3,5 millones mensuales, a partir del mes en que comenzó la investigación.

Por el contrario, antes la facturación mensual era de $ 19.200.000. Las cifras fueron documentadas y cotejadas con la liquidación de julio de 2015 a febrero de 2016, con un total de $ 154 millones. En ese período, el Pami Santiago tenía registrado 1.800 afiliados insulinodependientes, contra 2.700 en marzo-julio 2016.

Globalmente, Farmalink refrendó 54 denuncias ante el juez Sebastián Casanello por facturaciones anormales en todo el país. Del total de denuncias, 18 eran referidas a Santiago del Estero. El fiscal Pedro Simón solicitó a Casanello el envío de esa documentación con farmacias y facturación sospechosa.

Al parecer, el aludido médico fue notificado por la farmacia tucumana e informó que no prescribió medicamento alguno para pacientes de esta provincia y después radicó la denuncia en el Juzgado Federal a cargo de Molinari.

Vale subrayar que el supuesto cabecilla de la célula local fue detenido, luego excarcelado, previo pago de una fianza de $ 3.000.000. Se trata de un comerciante santiagueño que vivió en Córdoba durante los últimos años -por enfermedad de un familiar-, quien está sindicado de ser el “cerebro” de las maniobras fraudulentas.

También cayó con él un empresario cordobés, sindicado como un eslabón clave de la larga cadena delictiva, quien también recuperó la libertad mediante una fianza de $3.000.000.

Fueron dictados diversos procesamientos por la “defraudación”, luego confirmados (excepto uno) por la Cámara Federal.