Santiago se adhirió a la firma del documento “El federalismo no se negocia” acordado por 17 provincias
Este miércoles se conoció la firma de un documento por parte de 17 autoridades ejecutivas provinciales las cuales son: Buenos Aires, Catamarca, San Luis, Santiago del Estero, San Juan, Tierra del Fuego, Santa Cruz, La Rioja, Tucumán, Chubut, Chaco, Formosa, Salta, Entre Ríos, La Pampa, Misiones y Santa Fe, en el que se indica la “profunda preocupación por la injerencia indebida por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la intervención respecto de la medida cautelar y la acción declarativa de inconstitucionalidad interpuesta por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante el Estado Nacional con el objeto de lograr la restitución en el monto de liquidación de recursos que no le corresponden”, expresa el primer tramo del comunicado.
De esta forma se mantiene en pie y en una nueva instancia el reclamo de las provincias por la distribución de los fondos.
“Las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes”, continúa.
“No existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia”, señalaron.
En este contexto el comunicado defiende que “las provincias son preexistentes a la Nación y nuestra constitución se funda en pactos preexistentes”.
A su vez haciendo hincapié en el marco normativo este documento resalta que “cuando se sanciona la Ley 23548 de coparticipación federal de impuestos que promueve la distribución primaria y secundaria de los recursos coparticipables, existía la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires que era financiada completamente con recursos pertenecientes al estado nacional”.
Reclamos económicos en cifras y cambios constitucionales
Otros de los ejes que atraviesa este texto hace foco en la reforma de la Constitucional Nacional de 1994 “y en virtud del decreto 705/2003 se aplica un coeficiente equivalente al 1,4% del monto total recaudado en el artículo 2°de la ley 23548 y modificatorias que fue modificado de una manera injusta e injustificada por el decreto 194/2016 elevando el coeficiente al 3,75%”.
“Nuestras provincias han perdido aproximadamente 500.000 M de pesos y padecemos la concentración del 28% del gasto público territorial del presupuesto nacional en la CABA”, especificaron.
Solicitud de aplicación de medidas de carácter federal para una real distribución equitativa de los fondos
En la instancia final de este importante mensaje de unidad por parte de las fuerzas ejecutivas se resalta que “las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. Recibimos los menores subsidios por la energía que consumimos, por el transporte que nuestros usuarios utilizan”.
Argumentando las diferencias económicas entre las provincias firmantes con CABA, se detalla en el texto presentado que “pagamos el combustible más caro. Nos hacemos cargo de nuestras fuerzas de seguridad y destinamos parte de nuestros escasos recursos para afrontar erogaciones que el privilegio centralista dispone”.
“Las provincias decimos basta! No aceptamos más decisiones que violen flagrantemente nuestro federalismo. Queremos que de un modo inmediato la CSJ nos acepte como amicus curiae y estamos dispuestos a presentar acciones judiciales complementarias destinadas a corregir las distorsiones observadas en diversos decretos que afectan la disponibilidad de nuestros recursos. Nosotros vamos a defender a nuestras provincias. Que sepan muy bien los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que el federalismo no se negocia y deben hacerse responsables de las consecuencias de sus actos”, finalizaron.
