A 29 años del atentado contra la AMIA, se renueva un pedido de memoria y Justicia
Este 18 de julio se cumple un nuevo aniversario del atentado perpetrado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó 85 muertos en 1994. “Cada 18 de julio es otra bomba. Mientras haya impunidad, el dolor permanece igual que hace 29 años. Ante una justicia ausente, digamos presente”, dijo la asociación al invitar al acto central de recuerdo, que será a las 9.30 horas en Pasteur 633, en el barrio porteño de Once.
El atentado con bomba a la AMIA, el peor de la historia argentina, mató a 85 personas y dejó unos 300 heridos. Fue atribuido por la justicia a altos funcionarios iraníes, encabezados por el entonces presidente Ali Rafsanjani, y al movimiento libanés Hezbolá; hipótesis sostenida por la dirigencia judía argentina y por Israel.
“Después de casi 30 años, hay que entender que el atentado a la AMIA-DAIA no fue contra la comunidad judía, sino contra toda la Argentina”, dijo Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA, en la víspera del aniversario.
Y recordó: “Este país tiene el triste antecedente de haber vivido dos tipos de terrorismo, el de Estado y el Internacional; en el primer caso, afortunadamente como sociedad nos hemos puesto de acuerdo para juzgar a los represores con el pedido de Verdad, Memoria y Justicia, pero no podemos ponernos de acuerdo para encontrar las herramientas legales adecuadas para juzgar a los perpetradores de este cruel atentado. Tenemos que unirnos contra el terrorismo y acabar con la impunidad”.
En el 2004, el entonces presidente Néstor Kirchner creó una fiscalía especial para el caso AMIA, como resultado, en el 2006 el fiscal acusó al Gobierno de Irán de organizar el crimen y al partido Hezbolá del Líbano de ejecutarlo. Desde entonces se mantiene un pedido de captura de ocho iraníes que integraban el gobierno iraní en el momento del ataque, entre ellos el expresidente Ali Rafsanjani, pero la investigación judicial del caso quedó envuelta en denuncias por desvío de pistas, condenas por encubrimiento y procesos anulados.
Irán siempre se negó a que sus exfuncionarios sean indagados. Un memorándum de entendimiento con Irán impulsado en 2012 por la entonces presidenta y actual vice Cristina Kirchner buscó, según sus autores, que pudieran ser indagados fuera de Argentina. Aunque fue aprobado por el Congreso argentino, el parlamento iraní lo rechazó y luego se investigó como un caso de encubrimiento y traición a la patria con Kirchner como una de las principales acusadas.
El fiscal Alberto Nisman, que investigó el atentado y denunció el pacto con Irán, fue hallado muerto en su departamento de Puerto Madero en enero de 2015.
Un juicio sobre el atentado a la AMIA finalizó en 2019 con penas leves para funcionarios judiciales y del gobierno del expresidente Carlos Menem, declarados culpables de “encubrimiento” del ataque, pero sin determinar la razón del ocultamiento de pruebas ni la desviación de las investigaciones cometidas por los encubridores.
La sentencia fue de seis años de prisión para el exjuez Juan José Galeano, y cuatro años y seis meses para el entonces jefe de los servicios de inteligencia Hugo Anzorreguy. El tribunal los consideró responsables de haber desviado la investigación del atentado contra la AMIA orientándola hacia el expolicía Carlos Telleldín.
El supuesto objetivo de Telleldín, condenado por su supuesta participación en el acondicionamiento y entrega de la camioneta Traffic utilizado en el atentado, era ocultar la llamada “pista siria” que hubiera conducido a un hombre de negocios de esa nacionalidad y cercano a Carlos Menem, pero la complicidad del expresidente no pudo ser probada. Telleldin fue absuelto en 2020.
En junio pasado, la justicia solicitó un pedido de captura internacional de cuatro libaneses sospechados de haber colaborado en la preparación del atentado porque está “suficientemente acreditada su pertenencia y/o cooperación con la banda criminal denominada ‘brazo armado’ del Hezbollah”, de acuerdo al escrito del juez.
Entre los señalados se menciona a Hussein Mounir Mouzannar, con cédula de identidad paraguaya y que “podría estar en la actualidad residiendo en la República del Paraguay (Ciudad del Este o sus inmediaciones) o en la ciudad o suburbios de Foz de Iguazú”, en Brasil, en la zona conocida como ‘triple frontera’.
En la orden figuran también Alí Hussein Abdallah, naturalizado brasileño y con pasaporte paraguayo; Abdallah Salman -alias ‘El Reda’-, que se estima reside en Beirut y Farouk Abdul Hay Omairi, naturalizado brasileño y con último domicilio en Foz de Iguazú, según los datos de la causa.
A 29 años del atentado, no hay detenidos por el caso ni se lograron esclarecer aún los motivos del mismo, pero existe la teoría de que Argentina fue seleccionada como blanco del ataque luego de conocerse la decisión del Gobierno argentino de suspender un acuerdo de transferencia de tecnología nuclear a Irán.
El último movimiento de la investigación fue en 2019, cuando la Oficina del Tesoro de Estados Unidos acusó al ciudadano colombiano Salman Raouf Salman, presuntamente miembro del Hezbolá, de ser el coordinador del atentado. La Oficina ofreció una recompensa de siete millones de dólares por información, sin obtener ningún resultado hasta el momento.
